El Paraguay se encuentra frente a un tremendo desafío. Críticas y cuestionamientos han ayudado a forzar mínimos cambios en uno de los poderes del Estado que más los necesita: la Justicia. El camino será largo y sinuoso, pero se ha iniciado con un nuevo ministro de la Corte Suprema, Gustavo Santander, quien ya tiene el acuerdo del Ejecutivo y le falta jurar ante el Congreso Nacional para asumir el cargo; y un nuevo fiscal general que ha iniciado su labor de poner en orden la casa. El gran desafío que queda es despartidizar la Justicia paraguaya.
El presidente de la República ha dado su acuerdo para que Gustavo Santander Dans ocupe el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia, en reemplazo del muy cuestionado Antonio Fretes. Ahora al magistrado ya solo le falta jurar ante el Congreso Nacional. Este nombramiento se suma al del nuevo fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien está al frente de una institución de la cual la ciudadanía espera grandes cambios, que hagan posible terminar con la permisividad con la corruptela.
El año pasado, este diario publicó una investigación que reveló una realidad que era vox pópuli: la alevosa falta de independencia del Poder Judicial. El trabajo periodístico de ÚH develó que, del total de 12.448 trabajadores del Poder Judicial, incluidos funcionarios y magistrados, 8.568 son colorados, lo cual representa casi un 70% de todo el funcionariado judicial. Incluso se agregaban más datos: y es que de 942 magistrados (754 jueces y 188 camaristas), un total de 369 están afiliados a la Asociación Nacional Republicana (ANR). Esto quiere decir que el 39% de los magistrados paraguayos...
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