El fiscal de Quiindy César Garay Azucas –procesado por cohecho pasivo agravado– guarda reclusión domiciliaria desde ayer, por disposición del juez Paublino Escobar. El magistrado tomó la decisión, previa imposición de una fianza de G. 500 millones, cubierta con un inmueble valuado en G. 700 millones, propiedad de la madre del imputado.
Antes del inicio de la audiencia, el abogado Rodolfo Mendoza recusó a los fiscales René Fernández y Liliana Alcaraz, quienes pidieron la prisión de su defendido.
Mendoza indicó que su cliente admite su responsabilidad y pretende una salida abreviada. Argumentó que “sucumbió” porque estaba agobiado por deudas, pues el salario de G. 15 millones que percibe no le alcanza.
Asimismo, abogó porque se investigue a su denunciante, por soborno. Garay fue aprehendido el 27 de abril pasado, tras cobrar G. 50 millones para sobreseer a un ciudadano español.
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