La Asociación Rural del Paraguay (ARP) manifestó su rechazo ante el planteamiento de algunos sectores políticos de la oposición de enjuiciar a la fiscala general del Estado (FGE), Sandra Quiñónez, al ser acusada de favorecer al empresario Karim Salum, para que no guarde el proceso de aislamiento en los albergues fijados por el Gobierno para la lucha contra el COVID-19.
“Un juicio político constituye un quebranto para el país y no es oportuno, aparte que no hay una causa determinante para eso. Estamos siguiendo de cerca y no hay un verdadero motivo. Como gremio no apoyamos el juicio a la fiscala”, argumentó el vicepresidente de la ARP, regional de Amambay, Víctor Hugo Paniagua.
Señaló también que “estamos en una situación en que debemos mirar más allá del árbol y ver el bosque. Las consecuencias de un juicio político en este momento serían muy dañinas para el país”. Paniagua añadió también que durante una recorrida por el interior del país comprobó que “la Fiscalía está controlando como corresponde y está cumpliendo una labor positiva en la lucha contra el coronavirus”.
Por otra parte, el titular de la Cooperativa Colonias Unidas e integrante de la Federación de Cooperativas de la Producción (Fecoprod), Eugenio Schöller, calificó el planteamiento como “absolutamente descabellado”.
“Los sectores instalan estas cosas en forma desatinada e inoportuna. Es inoportuno, imagínese llamar a un juicio político en este momento, no corresponde. No apoyando a uno o a otro, hablamos de un país que necesita seguir trabajando y hablar de un juicio en este momento es absolutamente negativo”, sentenció.
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