Por unanimidad, el pleno de la Cámara de Diputados sancionó ayer y envió al Poder Ejecutivo para su consideración el proyecto de ley “que regula la inmovilización de activos financieros de personas vinculadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”. “La inmovilización administrativa de bienes por parte de sujetos obligados como bancos o financieras donde ellos manejan una lista de personas vinculadas al terrorismo, esta paralización administrativa lo pueden hacer los sujetos obligados conforme a la Ley 1015 de lavado de dinero, y pueden verificar su lista y si el cliente está en esa lista pueden comunicar a la Seprelad. Eso por un lado, por otro lado, algo muy importante es la inclusión del articulo 12 donde se establece que el Poder Ejecutivo designará una autoridad que a su vez va a ser la encargada de designar las personas vinculadas al terrorismo para ser incluidas en la lista de las Naciones Unidas, siguiendo el requerimiento establecido por este organismo”, expresó Vallejo.
Por unanimidad, el pleno de la Cámara de Diputados sancionó ayer y envió al Poder Ejecutivo para su consideración el proyecto de ley “que regula la inmovilización de activos financieros de personas vinculadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”. Esta es una de las leyes enviadas desde el Poder Ejecutivo con miras a la evaluación del Grupo de Acción Financiera para América Latina, que valorará los esfuerzos de nuestro país contra el lavado de dinero y el terrorismo, desde el mes de noviembre.
El proyecto establece que los bienes de toda persona sobre la cual existan sospechas de estar relacionadas al terrorismo o el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, podrán ser regulados como medida preventiva. Es decir, la inmovilización inmediata de los fondos y activos financieros será aplicada a personas físicas o jurídicas cuando éstas sean calificadas como presuntos autores ligados al terrorismo.
La diputada patriaqueridista Rocío Vallejo explicó que el articulo Nº 12 del documento establece un punto importante que no estaba previsto en la legislación anterior, que se refiere al método para la inclusión de nacionales en listas vinculadas al terrorismo, con lo que Paraguay cumpliría con los compromisos internacionales.
Además, el proyecto contempla la posibilidad de cooperación internacional para la inmovilización de activos de personas vinculadas al citado delito.
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