Las mayorías oficialistas en ambas Cámaras del Congreso llevaron adelante cambios a tambor batiente que afectan a distintas áreas de la sociedad, y se adjudicaron groseros autoaumentos.
Los parlamentarios oficialistas y el presidente de la República, Santiago Peña, siguen dando muestras de estar cada vez más alejados de la ciudadanía con sus políticas de aprobar proyectos de ley sin el consenso de los grupos afectados, así como también la línea de seguir aumentando privilegios para beneficio propio. La semana dejó una serie de hechos significativos que dibujan perfectamente el pensamiento de la clase política acomodada en el poder, y la sensación de molestia de los sectores populares que sigue en aumento.
La cereza de la torta fue la promulgación de la Ley de Control a las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL), también llamada Ley Garrote, que fue cuestionada tanto en el plano local como internacional, y motivó movilizaciones y pronunciamientos de sectores ciudadanos.
Las advertencias de que dicha ley restará seguridad jurídica al país y provocará un tsunami de inconstitucionalidades daban la idea de que Peña iba a vetar la ley, pero finalmente, mientras la ciudadanía festejaba el triunfo de la Selección Paraguaya, el mandatario la promulgó.
Topadora. Otro ejemplo más que claro de la línea oficialista es la media sanción dada al proyecto de ley “De la Función Pública y la carrera del Servicio Civil”, que tuvo en contra a una multitudinaria marcha de gremios estatales, quienes denuncian atropello a sus derechos laborales, mientras que los abusos y privilegios de la clase política se mantienen intactos.
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