Bogotá, 4 jun (EFE).- La relación del presidente colombiano, Gustavo Petro, con los demás poderes del Estado se tensó aún más con su insistencia en publicar esta semana el decreto que convoca a una consulta popular sobre la reforma laboral, lo que según sus críticos, incluidos algunos de sus exministros, viola la Constitución.
El presidente ratificó así su decisión de convocar la consulta popular por decreto si el Senado no se pronunciaba antes del 1 de junio sobre ese tema, aunque la cámara alta ya rechazó la convocatoria el pasado 14 de mayo en una votación que Petro tachó de fraudulenta.
Sin embargo, los críticos de esa decisión consideran que el mandatario está dando pasos hacia una ruptura institucional y advirtieron del peligro que supone para la democracia colombiana que el Poder Ejecutivo desconozca una decisión del Legislativo y actúe por su cuenta.
Entre las figuras políticas que rechazan la decisión de Petro hay dos que hasta principios de este año eran parte del Gobierno: los exministros del Interior Juan Fernando Cristo y de Comercio, Industria y Turismo Luis Carlos Reyes.
"Pasar la consulta por decreto se parece a la compra de votos en el Congreso que la Fiscalía le imputa a (el exministro de Hacienda Ricardo) Bonilla. Es romper las reglas por una 'buena causa' y justifica que mañana otros las rompan diciendo que hicimos lo mismo. Si nosotros no jugamos limpio, ¿Quién lo va a hacer?", dijo Reyes en X.
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