Cámara de apelaciones de CDE anuló tres resoluciones que revocaron suspensión condicional de procesados.
La defensora pública Margarita Martínez, consiguió la nulidad de 3 resoluciones y la revocación de otras 2 decisiones del Juzgado de Ejecución Penal de dicha ciudad, a favor de sus representados. Argumentó la violación del derecho a la defensa de estos.
Los representados por la Defensa Pública fueron beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento, instituto procesal que fue revocado por el juzgado de primera instancia sin la realización de audiencias de control previstas en el código de ejecución penal y que deben garantizar el derecho del justiciable a ser oído antes de la revocación del beneficio otorgado. Ante este escenario, el Tribunal de Apelación decidió revocar en dos fallos la resolución y anular en otros tres procesos las decisiones del Juzgado inferior.
En sus alegatos, la defensa destacó que antes de tomarse la decisión de revocar la suspensión condicional del procedimiento del cual gozaban los asistidos, se debió escuchar las razones del por qué se produjeron ciertos incumplimientos de obligaciones impuestas, acto que violó el derecho de ser oído por parte del juzgado de ejecución penal.
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