Los prófugos hicieron uso de derecho de protección de datos y Brasil incumplió su promesa de extradición.
Por su parte, en su estrategia de fuga, los secuestradores cumplieron con el requisito de admisibilidad previsto en el reglamento interno de la Interpol, en su art. 5. Posteriormente, la Comisión de Control de Ficheros (CCF), órgano encargado de estudiar las impugnaciones, resolvió el bloqueo provisorio de las fichas de los prófugos. Esto no fue previsto por la Procuraduría General de la República del Paraguay, incluso ante la presunción de una fuga inminente.
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