Durante un pódcast oficial y en un intercambio directo con periodistas, el presidente Santiago Peña confirmó haber mantenido encuentros con ministros de la Corte Suprema de Justicia al margen de una agenda pública formal, declaraciones que reactivaron un debate de alto impacto institucional sobre los límites constitucionales del diálogo entre poderes, el deber de transparencia en la gestión pública y la preservación de la independencia judicial.
El eje del cuestionamiento no reside en la existencia de reuniones interinstitucionales que forman parte del funcionamiento normal del Estado sino en la negativa expresa del Poder Ejecutivo a informar sobre su realización, contenido y criterios de publicidad, bajo el argumento genérico de razones de seguridad y privacidad.
La Constitución Nacional estructura el sistema republicano sobre la división y equilibrio de los poderes del Estado (artículo 3). Desde esa lógica, la coordinación entre órganos no es solo legítima, sino necesaria. Sin embargo, la opacidad deliberada en los contactos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial introduce una zona de riesgo institucional, al debilitar los mecanismos de control ciudadano y la confianza pública.
En este punto, el derecho de acceso a la información pública adquiere un rol central. La Ley N.º 5282/14 consagra el principio de máxima divulgación, estableciendo que toda información en poder del Estado se presume pública, y que las excepciones deben ser restrictivas, específicas y debidamente motivadas. La sola invocación de “seguridad” o “privacidad” sin fundamentación concreta no satisface los estándares legales ni constitucionales para excluir información vinculada a actos de gestión pública.
Las agendas oficiales, reuniones institucionales y contactos entre poderes del Estado constituyen información de interés público, especialmente cuando involucran a autoridades con funciones constitucionalmente sensibles.
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