El presidente del Congreso, Basilio "Bachi" Núñez, sostuvo que el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Legislativo se mantendría "en buena salud" hasta el año 2035, pero que a partir de ese punto comenzaría a registrar déficit, empujado por el ingreso de más legisladores al régimen y el crecimiento de las obligaciones del sistema.
En su lectura, el escenario obliga a tomar decisiones ahora para evitar que la Caja termine dependiendo cada vez más del Tesoro.
Según los datos manejados en el entorno de la administración del fondo, la Caja mueve alrededor de cinco millones de dólares al año y, con la estructura actual, su sostenibilidad tendría un margen cercano a una década. Núñez remarcó que el informe actuarial que tienen a mano ubica el quiebre en 2035 y planteó que una de las alternativas que se analizan es que los jubilados continúen aportando, como ocurre en otros esquemas previsionales, con el argumento de sostener financieramente el sistema a medida que aumente la cantidad de beneficiarios.
En medio de ese diagnóstico, volvió a quedar bajo la lupa el aporte estatal previsto en el Presupuesto 2026 para la Caja Parlamentaria, fijado en 4.000 millones de guaraníes. Consultado sobre esa partida, el titular del Congreso señaló que el concepto apunta a cubrir eventuales brechas de financiamiento y que el monto fue incorporado desde el trabajo presupuestario que pasó por instancias legislativas. Aun así, afirmó que pedirá un informe pormenorizado sobre los recursos provenientes del Tesoro que efectivamente ingresaron al fondo, en un intento por transparentar cuánto y cómo se utilizó...
El debate se cruza, además, con la existencia de varias iniciativas legislativas en danza. Se habla de al menos tres proyectos vinculados a cambios en la Caja: dos que incluyen, en alguna medida, la posibilidad de mantener aportes estatales, y otro bloque —impulsado por Núñez, Silvio Ovelar y otros senadores— que busca cortar al Estado como fuente de ingresos para este régimen. En paralelo, reapareció la propuesta que había ingresado en agosto del año pasado y que vuelve a contemplar el aporte estatal, lo que abre una disputa política y técnica sobre qué camino tomar.
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