La Fiscalía ha formulado acusación y solicitado la apertura de un juicio oral y público contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo), y otras personas por los supuestos delitos de lesión de confianza y asociación criminal. Según la investigación, los acusados habrían desviado fondos públicos a través de licitaciones amañadas para la compra de alimentos durante la pandemia de Covid-19.
Los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, presentaron la acusación contra Prieto y otras diez personas, entre ellas funcionarios municipales y empresarios. De acuerdo con la Fiscalía, el intendente habría encabezado un esquema que desviaba recursos municipales mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas afines o funcionales a su persona, causando un perjuicio patrimonial al municipio esteño.
Según los antecedentes de la causa, entre marzo y junio de 2020, Prieto, como ordenador de gastos y administrador general de la comuna, habría convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para adquirir insumos destinados a la fabricación de panificados para familias de escasos recursos durante la pandemia. Sin embargo, los elementos recabados por la investigación sugieren que todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado para favorecer a una estructura jurídica funcional al intendente.
El Ministerio Público estima que el perjuicio ocasionado a las arcas municipales asciende a G. 306.188.500, correspondiente al pago realizado a la empresa proveedora por mercaderías inexistentes. Este hecho habría sido posible gracias a la colaboración de los miembros de la estructura encabezada por Prieto, quienes habrían facilitado el desvío de fondos públicos.
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