El acta entreguista del 24 de mayo de 2019, en definitiva, implicaba la aceptación del gobierno de Mario Abdo de las decisiones de Eletrobras sobre la energía paraguaya en Itaipú, así como sobre el manejo del embalse.
¿Qué episodio de nuestra historia cotidiana hizo posible que se reflotara uno de los casos que había convulsionado el ámbito político del país en el segundo semestre de 2029 y que hasta el jueves estaba archivado con la etiqueta oparei?
Sin dudas fue la designación del hasta entonces ministro de Relaciones Exteriores, Federico González, como reemplazante de Ernest Bergen en la dirección general paraguaya de Itaipú, uno de los gestores del acta entreguista de 2019, tal como se lo consideró ayer en el principal titular de tapa de ABC.
“El que va a ser nuevo director de Itaipú fue quien me llevó el contrato por parte del presidente de la República y me dijo que si no firmaba ese día debería renunciar, y entonces renuncié en el acto”, declaraba el Ing. Pedro Ferreira, entonces presidente de la ANDE, y denunciante principal ante la opinión pública paraguaya de los peligros contenidos en el acta en cuestión.
En lo concerniente al presidente Abdo Benítez, a quien el caso arrastró hasta los umbrales de un juicio político, finalmente rescatado por el cartismo, sus “opositores” en el seno del mismo partido oficialista, la decisión es una suerte de coherencia en su conducta ante los reclamos paraguayos en Itaipú al Brasil.
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