Surgen voces disonantes en torno a la acordada de la Corte Suprema que establece el control jurisdiccional del acta de imputación fiscal. Un sector preocupado por un posible exceso de ritualismo que conllevaría la posibilidad de dejar libres a sospechados de formar parte de estructuras criminales peligrosas. Se afirma, que en grandes operativos […]
Surgen voces disonantes en torno a la acordada de la Corte Suprema que establece el control jurisdiccional del acta de imputación fiscal. Un sector preocupado por un posible exceso de ritualismo que conllevaría la posibilidad de dejar libres a sospechados de formar parte de estructuras criminales peligrosas.
Se afirma, que en grandes operativos u de menor tenor donde haya varios detenidos, si la imputación no es admitida por el juez y se cumplen las 24 horas de la detención, los afectados tendrían que ser liberados por el imperio de la ley.
Por otro lado, otro sector mira con beneplácito la postura de la máxima instancia judicial al marcar las pautas a los jueces penales de garantías en su deber de controlar el cumplimiento estricto de las normas procesales en el inicio del proceso penal. Lo alarmante es que en grandes operativos u otros de menor tenor donde haya varios detenidos, si la imputación no es admitida por el juzgado y se cumplan las 24 horas, ello implicaría que los privados de su libertad quedarían libres por el imperio de la ley.
El asesor técnico de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Orrego indicó que, lo que busca la acordada es brindarle apoyo a un juez para que responda a la ley y apuntalar el sistema normativo que establece la posibilidad del control de admisibilidad del acta de imputación, aseveró que un juez no puede producir una resolución nula, una resolución que responda a un requerimiento ineficiente para provocar la decisión que busca.
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