A la Cámara de Diputados le llevó nada más que veinte días la aprobación de la Resolución que decide formular “…acusación ante la Honorable Cámara de Senadores, contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia, doctores: Miguel Óscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco, César Antonio Garay Zucolillo y Víctor Manuel Núñez Rodríguez, como también del ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, señor Alberto Cástulo Ramírez Zambonini, por mal ejercicio de funciones y comisión delitos comunes, a los efectos de la instauración del juicio político establecido en el artículo 225 de la Constitución Nacional…”. Pero, el efecto inmediato de la emisión del Dictamen que recomienda la celebración del Juicio Político (o, de los Juicios Políticos), fue el recrudecimiento de las especulaciones sobre la existencia (o no) de votos suficientes para decidir la absolución o condena de uno, algunos o todos los – hasta hoy – acusados. ¿Cómo creer en la nobleza de sus proclamas, si – pudiendo hacerlo – no han modificado la Ley para garantizar que el proceso de selección de candidatos a cubrir las futuras vacancias de la Corte permitirá la designación de los mejores, excluyendo a los amigos, a los correligionarios, a compinches o aliados?
A la Cámara de Diputados le llevó nada más que veinte días la aprobación de la Resolución que decide formular “…acusación ante la Honorable Cámara de Senadores, contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia, doctores: Miguel Óscar Bajac Albertini, Sindulfo Blanco, César Antonio Garay Zucolillo y Víctor Manuel Núñez Rodríguez, como también del ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, señor Alberto Cástulo Ramírez Zambonini, por mal ejercicio de funciones y comisión delitos comunes, a los efectos de la instauración del juicio político establecido en el artículo 225 de la...
Inmediatamente después, la Cámara de Senadores recibió la acusación, y al día siguiente se dispuso su remisión a la Comisión Asesora de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública. Desde entonces, ha tenido que transcurrir quince meses para que viera la luz el dictamen que recomienda al pleno, se constituya en “Tribunal” para el inicio del Juicio Político, firmado por seis de doce miembros que integran dicha Comisión.
Lo reseñado hasta acá, es solo reflejo fiel de cuanto se encuentra publicado en la página web del Sistema de Información Legislativa, que nada aporta respecto a la posición asumida por el otro cincuenta por ciento de los miembros de la Comisión. En otros términos, el medio de información oficial, no nos permite conocer, si aquellos quienes no firmaron el dictamen adoptaron este temperamento, como manifestación de disconformidad (a pesar de no haber emitido un dictamen en disidencia o en minoría), por irresponsabilidad, por ausencia, o por oportunismo.
Pero, el efecto inmediato de la emisión del Dictamen que recomienda la celebración del Juicio Político (o, de los Juicios Políticos), fue el recrudecimiento de las especulaciones sobre la existencia (o no) de votos suficientes para decidir la absolución o condena de uno, algunos o todos los – hasta hoy – acusados.
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