Abogados de oscuros antecedentes son “asesores” de asociación de supuestas víctimas de Agrícola Colonial

Abogados de oscuros antecedentes son “asesores” de asociación de supuestas víctimas de Agrícola Colonial

SANTA RITA, Alto Paraná. Cuestionados abogados y con oscuros antecedentes asesora a productores agrícolas que decidieron denunciar a la empresa Agrícola Colonial SAIC y a sus principales exdirectivos. Representantes legales y exdirectivos de la compañía denunciada cuestionan que personas de dudosa r

SANTA RITA, Alto Paraná. Cuestionados abogados y con oscuros antecedentes asesora a productores agrícolas que decidieron denunciar a la empresa Agrícola Colonial SAIC y a sus principales exdirectivos. Representantes legales y exdirectivos de la compañía denunciada cuestionan que personas de dudosa reputación hoy se quieran erigir como “paladines” de la legalidad y la honestidad, haciendo acusaciones y lanzando epítetos fuertes como “rey de la estafa”, cuando ellos son poseedores de antecedentes nada decorosos, resaltaron.

Una asociación de presuntas víctimas de la Agrícola Colonial SAIC de esta ciudad presentó denuncias por estafa, apropiación y lesión de confianza contra Jaime Hammes, dos de sus hijos y miembros de lo que fuera su directorio. Dicho grupo está siendo asesorado y representado legalmente por el abogado Aldo Insfrán Romero, imputado años atrás al verse involucrado en un caso de extorsión.

En aquella oportunidad, una asistente fiscal, el abogado Insfrán y un contador fueron detenidos tras el cobro de una coima de 10.000 dólares al administrador de una empresa, en el marco de una causa que fraguaron supuestamente al solo efecto de extorsionar. La captura fue tras un operativo encubierto hecho por una comitiva fiscal y policial. Tras ser detenidos, los mismos fueron imputados por hechos punibles en el ejercicio de las funciones públicas, extorsión, coacción grave, producción mediata e inmediata de documentos públicos de contenido falso.

No obstante, los acusados chicanearon en la causa hasta que el 25 de febrero de 2015, por sentencia definitiva n° 3, el juez Silvio Rojas decreta la extinción de la acción penal, antes que se realice el juicio oral. De esta forma, los sospechosos quedaron desvinculados del proceso no porque se demostró su inocencia o se dudó de su responsabilidad sino porque lograron extinguir la causa. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados debió abrir de oficio una investigación en la causa n° 513/09 y sancionar a los jueces que permitieron la impunidad, cosa que tampoco ocurrió, señalaron fuentes.

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