El Ejecutivo promulgó la ley que amplía la pena privativa de libertad para hechos punibles de contrabando tanto para funcionarios como a personas que apañen la ilicitud. Con las modificatorias de los artículos 336 y 345 de la Ley 2422 del Código Aduanero la condena podrá ser de 5 hasta 10 años de cárcel. El proyecto de Ley había sido presentado en el 2017, y en octubre pasado la Cámara de Diputados sancionó favorablemente el proyecto y tras aprobarse en Senadores, remitieron al Ejecutivo.
La nueva normativa promulgada por Mario Abdo Benítez señala además que si una persona es encontrada culpable de contrabando, la pena privativa de libertad se aplicará, sin importar el monto de lo ingresado.
Por otra parte, el que cometiera contrabando quedará exonerado de la responsabilidad penal cuando el valor de las mercaderías fuese menor a cinco jornales mínimos (USD 500) en la capital. Pero la incautación de la mercadería es innegociable, pues se decomisará de todas maneras.
Los productores frutihorticolas habían realizado cortes de ruta apoyando el endurecimiento de las penas en perjuicio del contrabando.
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