Tras los escandalosos fallos de la Justicia Electoral, que rechazaron la impugnación presentada contra la candidatura a senador del presidente Horacio Cartes y de su predecesor Nicanor Duarte Frutos –la Constitución dispone que deben ser senadores vitalicios–, ahora le toca a la Corte Suprema de Justicia optar entre defender la Ley Suprema o someterse al capricho de ambos políticos. Solo resta exigir que la Corte cumpla y haga cumplir la Constitución, haciendo lugar a las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra el fallo del TSJE. Los ilegítimos candidatos quieren demostrar a la ciudadanía que ellos están por encima de la Ley Fundamental. Para que esta prevalezca sobre la prepotencia, es imperioso que los ciudadanos y las ciudadanas se pongan una vez más de pie, demostrando su apego a la legalidad y exhibiendo el coraje que no han tenido ni tienen los magistrados marionetas de la Justicia Electoral. Que los ministros de la Corte Suprema que ahora van a entender en este flagrante intento de pisotear la Carta Magna sepan que a ellos también les caerá encima la Justicia si se atreven a prevaricar.
Tras los escandalosos fallos de la Justicia Electoral, ahora le toca a la máxima autoridad del Poder Judicial optar entre defender la Constitución o someterse al capricho de Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos. La Primera Sala del Tribunal Electoral de la Capital y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) prefirieron ignorar que el art. 189 de la Ley Suprema dice que “los expresidentes de la República SERÁN senadores vitalicios” y que, por lo tanto, era innecesario que figuraran entre los inhabilitados por el art. 197 para ser candidatos a senadores, según lo afirmaron...
En otras palabras, con tal de satisfacer una ambición espuria, los inmorales magistrados María Dálida Leiva, Hermes Medina y José María Salinas, en primera instancia, y Jaime Bestard y Alberto Ramírez Zambonini, en segunda, violaron abiertamente el Derecho para favorecer a una de las partes, cometiendo así el delito de prevaricato, sancionado por el Código Penal con dos a cinco años de cárcel y con hasta diez años en los casos especialmente graves.
Es de señalar que la miembro del TSJE María Elena Wapenka tuvo el buen sentido y la decencia de disentir de sus colegas, admitiendo los recursos de apelación contra la indignante sentencia del tribunal inferior. Sostuvo que hay más causales de inelegibilidad que las previstas en el manoseado art. 197, como surge de que el presidente de la República no figure entre los inhabilitados por el art. 235 para ser candidato al cargo que ocupa. En consecuencia, opinó que no hacía falta que figurara, porque el 229 ya prohíbe su reelección, así como tampoco era preciso que apareciera entre quienes no...
Como estos atinados argumentos de la magistrada electoral no hicieron mella en sus colegas Jaime Bestard y Alberto Ramírez Zambonini, tan sumisos al poder político, solo resta exigir que la Corte Suprema de Justicia cumpla y haga cumplir la Constitución, haciendo lugar a las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra el fallo del TSJE para impedir que el actual presidente de la República y su antecesor se salgan con la suya.
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