El 9 de enero de 1992, en Buenos Aires, el embajador paraguayo, Dido Florentín Bogado, ante el gobierno de Carlos Saúl Menem, firmaba con el ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina, Guido di Tella, tres instrumentos diplomáticos, uno de los cuales, el que redefinió la tarifa y la financiación del proyecto, modificó sustancialmente el Anexo C del Tratado de Yacyretá. El 15 de junio de 1995, el Legislativo paraguayo vota su rechazo, pero, por extraño que parezca, por decisión de nuestros socios argentinos, sigue vigente hasta hoy, al margen del derecho internacional.
Era entonces presidente de la República del Paraguay el general Andrés Rodríguez y canciller Alexis Frutos Vaesken.
El equipo negociador paraguayo tuvo como jefe al entonces presidente de la ANDE, Ing. Zoilo Rodas Rodas, y como integrantes al Dr. Crispiniano Sandoval, presidente del BCP, así también a profesionales del sector privado como el Ing. Ricardo Canese, el Ing. José Luis Ayala y el Dr. Ricardo Rodríguez Silvero.
El Ing. Alcides Jiménez, entonces director de la EBY, se apartó del equipo por discrepancias e incluso advirtió a la prensa acerca de los riesgos del instrumento diplomático en preparación.
Especialistas consultados coinciden en que la Nota Reversal sobre tarifa y financiamiento de Yacyretá es nulo porque modifica un instrumento superior, como es el Tratado, para cuya vigencia ambos gobiernos se ajustaron estrictamente a las estipulaciones del Derecho Internacional.
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