Mañana se cumplirán 90 días de cuarentena y esta semana el Gobierno nacional evaluará e informará si pasamos de la Fase 2 a la 3.
Todo parece indicar que nos mantendremos en esta etapa por una semana más porque supuestamente la ciudadanía no hizo bien los deberes. O sea, jugó piki-vóley, mantuvo reuniones sociales, hubo aglomeración en un copetín donde se venden empanadas con pancitos, se suben a las unidades del transporte público sin tapabocas, etc., según dio a entender el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, en su habitual conferencia de prensa del viernes pasado.
Lastimosamente en su informe semanal Mazzoleni no incluyó en el mozaico de imágenes –tal vez porque se olvidó o no le prepararon por la falta de tiempo sus colaboradores– las serias irregularidades en la mayoría de los 32 procesos de adquisiciones de su ministerio y los rostros de los posibles responsables. Claro, es más fácil difundir repetidas veces la imagen de los jugadores de Cerro Porteño Sergio Díaz y Matías Valinotti jugando pikivóley o amenazarle con una imputación a la activista y abogada María Esther Roa para intentar tapar la debilidad –como menos– en los procesos de...
¿Acaso el Ejecutivo no se aplazó también en la adquisición de insumos básicos para la contingencia del covid-19 o en permitir sobrefacturaciones de hasta 200%, entre otras irregularidades más? Y ojo, estas puntualizaciones graves fueron detectadas e divulgadas el viernes pasado por la Comisión Especial de Supervisión, liderada por el ministro Arnaldo Giuzzio. En consecuencia, todos los procesos objetados serán cancelados. Eso significa que casi G. 85.000 millones, que saldrán del bolsillo del contribuyente, estaban peligrosamente en juego.
¿O acaso el Gobierno no se aplazó al no poder combatir contra las empresas de maletín que de taquito ganan licitaciones? ¿Dónde están los profesores doctores del Derecho y de la Economía del sector público que ganan salariazos y groseros beneficios? ¿No vieron o no quisieron ver esto?
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