Susana Oviedo – soviedo@uhora.com.py
Cuando el lunes se le preguntó al senador Beto Ovelar cómo solventaría el Partido Colorado la movilización de sus partidarios para que concurran a manifestarse a favor del presidente de la República, el legislador dijo que harían una “vaquita”.
Esta práctica tan común que se plantea cuando se busca solventar algo entre todos (desde el tratamiento médico de un amigo hasta un asadito after office) en boca de alguien como el legislador Ovelar no solo suena tan desdibujada, sino que es una tremenda bofetada a la inteligencia.
Más aún cuando el grueso de la concurrencia a la manifestación progobierno constituyeron los funcionarios públicos, lo que lleva a la inevitable sospecha de dónde salieron los recursos para contratar los ómnibus, equipo de sonido y montar el escenario. Comprar las banderitas rojas y tricolor, los carteles alusivos al acto, las botellas de agua y comida para sobrellevar varias horas de pie. Todo lo cual tiene su costo.
Para estos funcionarios que son tales gracias al partido que sigue tutelando “la democracia” en el país, no rigen las restricciones de la Ley del Marchódromo, ni la prohibición de abandonar sus puestos en horario laboral. La aplicación a rajatabla de estas normas se da solo para los indígenas, campesinos, estudiantes y otros sectores.
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