SANTIAGO. Casi una década después de que el caso del sacerdote Fernando Karadima rompiera el tabú en Chile y espoleara la denuncia de abusos en países como Colombia, México, Nicaragua o Argentina, las víctimas se quejan de que el enorme poder que conserva la Iglesia Católica haya logrado consolidar el encubrimiento, diluir la presión mediática y social y ralentizar la vía judicial.
“Hablando de Chile, probablemente en términos absolutos no vivimos lo más grave, pero sí tuvo un nivel de publicidad mucho mayor porque hoy día la gente tiene mayor conciencia. Pero en Bolivia, en Paraguay, en México, en Brasil, en El Salvador, el poder que tiene la Iglesia Católica es realmente alucinógeno y muy peligroso”, advierte el chileno José Andrés Murillo, víctima del ya fallecido sacerdote Fernando Karadima.
Una influencia política y social intimidatoria que se refleja en las cifras: pese a ser la región del planeta con mayor población católica y el escenario de algunos de los casos más famosos, Latinoamérica destaca también por ser la que tiene la menor tasa de denuncias -apenas un millar-, según estadísticas de la ONU.
Y aunque en 2019 el prestigioso centro de pensamiento británico Child Rights International Network (CRIN) pronosticaba una reactivación gracias a la implicación de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en diciembre de 2020 anunció un programa de defensa de las víctimas.
Lo cierto es que desde entonces la polémica ha casi desaparecido del foco mediático y legal debido, según algunos expertos, a la pandemia de la Covid-19 pero sobre todo a la efectiva acción de la jerarquía eclesiástica, que ha redoblado una estrategia basada en el ocultamiento, el miedo a desatar conflictos familiares, la vergüenza, y distintos estigmas sociales hacia la homosexualidad, un prejuicio todavía muy extendido en todo el continente.
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