Natalia Kidd y Laura Guarinoni Buenos Aires, 10 jun (EFE).- Las irregularidades en torno a la concesión de obras viales en la provincia argentina de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo, derivaron en una causa judicial que culminó este martes con la confirmación por la Corte Suprema de una condena contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), quien denuncia una estrategia de 'lawfare' (persecución judicial) en su contra.
La denominada 'causa Vialidad' tiene su origen en la adjudicación de 51 obras de construcción de carreteras en esta región del sur de Argentina a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010, y su hoy viuda, Cristina Fernández (2007-2015).
El caso se remonta a noviembre de 2008, cuando la diputada Elisa Carrió y otros dirigentes de la opositora Coalición Cívica presentaron una denuncia penal por el supuesto "direccionamiento" de las obras viales hacia las empresas constructoras de Báez.
En abril de 2016, meses después de que el conservador Mauricio Macri (2015-2019) asumiera la Presidencia argentina, el entonces titular de la Dirección de Vialidad (órgano estatal a cargo de la infraestructura vial), Javier Iguacel, presentó una denuncia más amplia.
El 27 de diciembre de 2016, el juez federal Julián Ercolini procesó a Cristina Fernández por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada.
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