Todas las atribuciones constitucionales posee el Ejecutivo para vetar la ley del presupuesto y cualquier otra normativa que considere. Esta prerrogativa forma parte del equilibrio de poderes.
Si un proyecto de ley fuese rechazado totalmente por el Poder Ejecutivo, volverá a la cámara de origen, la cual lo discutirá nuevamente. Si esta confirmara la sanción inicial por mayoría absoluta, pasará a la Cámara revisora, si esta también lo aprobase por igual mayoría, el Ejecutivo lo promulgará y publicará. Si las cámaras disintieran sobre el veto total no podrá repetirse en las ese año, establece el artículo 209 de la Carta Magna.
En el párrafo no existe mención sobre algún proyecto que no pueda ser objeto de veto por parte del presidente de la República, es decir, esta atribución no cuenta con ninguna limitación.
Igualmente, el artículo 3 señala que el Gobierno es ejercido por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial en un sistema de independencia, “equilibrio”, coordinación y recíproco control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse, ni otorgar a otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o la suma del poder público. La dictadura está fuera de ley.
En este sentido, considerar que el Ejecutivo no pueda ejercer su derecho al veto sobre las modificaciones introducidas en una ley, sería una ruptura de ese equilibrio de poderes, según lo considera el Ministerio de Hacienda.
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