Tras largas dilaciones, los diputados se ocuparán hoy de los pedidos de intervención de seis Municipalidades, debido a presuntos delitos o irregularidades administrativas, que en tres casos están siendo investigados por el Ministerio Público. Los pedidos surgieron de las respectivas Juntas Municipales de Tomás Romero Pereira, Ñemby, Ybyrarobaná, Emboscada, Lima y Yby Yaú. Los tres primeros municipios tienen un intendente colorado cartista y los otros están a cargo de opositores. La solicitud que afecta a Hernán Ysidro Rivas –padre del ya tristemente famoso exdiputado y hoy senador Hernán David Rivas (ANR, cartista)– ya salvado de la intervención en 2023 y luego denunciado por desvío de fondos, fue retenida en el Ministerio del Interior nada menos que desde junio de 2024 hasta agosto de este año, cuando fue trasladada a la Cámara de Diputados junto con las otras, salvo la referente a la Municipalidad de Ybyrarobaná, que llegó al Palacio Legislativo recién en octubre.
Vergonzosa protección a intendentes indiciados de presuntas irregularidades
Conste que la Ley N° 317/94 ordena que el Poder Ejecutivo remita los antecedentes a los diputados dentro del plazo de seis días hábiles, para que una comisión especial investigue los hechos denunciados y se expida a más tardar en quince días hábiles. La inaceptable demora en el tratamiento de los pedidos puede interpretarse como una maniobra ilícita e inmoral para intentar –inútilmente– justificar el rechazo de los pedidos con el argumento de que, si fueran aceptados, el presidente Santiago Peña tendría un plazo de quince días para nombrar a los interventores y estos otro de dos meses para...
Esta cínica excusa atropella la ley y la moral cívica. Cualquiera sea el calendario electoral, una Municipalidad debe ser intervenida si la mayoría absoluta de los ediles cree que hay graves indicios de que un intendente delinquió al ejercer el cargo y la mayoría de los diputados coincide con ella. Si eso no ocurriera, la Cámara Baja le daría a los indiciados la oportunidad de seguir cometiendo presuntas corruptelas a costa de la población y enviaría a sus colegas el mensaje de que podrían imitarlo desde unos catorce meses antes de concluir sus mandatos, para luego poder retirarse con todos...
Como todo indica que el pretexto invocado será compartido probablemente por la mayoría y que, por ende, las Municipalidades citadas habrán de librarse de la intervención, solo restaría confiar en que el Ministerio Público avance en las pesquisas abiertas o abra otras en torno a presuntos delitos perpetrados en el ejercicio del cargo de los intendentes. En los casos que nos ocupan se habrían cometido los relacionados con desvíos de fondos, “facturas clonadas”, “obras fantasmas” y “transferencias irregulares a comisiones vecinales”: más que suficientes para permitir que, en el marco de una...
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