Desde nuestro diario nos unimos al clamor de justicia del pueblo en relación con los últimos acontecimientos que afectaron a tantos compatriotas, al sistema financiero y al orden político y social del país; también al clamor que tuvo eco en la voz del cardenal Adalberto Martínez durante su sermón el domingo último, cuando pidió que “la justicia alcance a todos los responsables, sin encubrimientos ni privilegios”.
Si bien la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) resultó inevitable —aunque tardía— ante el desplome del índice de solvencia de ueno bank, que cayó por debajo de la mitad del mínimo legal y motivó el inicio de un procedimiento de resolución y cierre del banco en el marco de la Ley Nº 2334/03, el profundo entrelazado de este caso con la política nacional, al involucrar al ex presidente de la República y a varios colaboradores cercanos al poder, amerita decisiones contundentes en busca del restablecimiento de la justicia y el bien común.
Desde el punto de vista financiero se han tomado varias medidas, como las del BCP que cerró las operaciones y suspendió todos los servicios del banco intervenido (aplicación, tarjetas y cajeros), procediendo a tomar el control para verificar el patrimonio real y congelar paquetes accionarios y cuentas de directivos, además de activar la garantía de depósitos, cuantificar activos y pasivos mediante el “balance de exclusión” para organizar lotes y licitarlos a otras entidades financieras, buscando proteger los saldos que superan el tope de garantía, entre otras.
Sin embargo, la situación de desconfianza general, indignación y la crisis de resquebrajamiento institucional requieren acciones de tipo político y judicial que dejen en claro que no habrá privilegios ni “opa rei” en esta grave situación.
Leer la nota completa en Diario UltimaHora