La fiscala Liliana Alcaraz lleva urgiendo unas 20 veces, desde el año 2016, a la Corte Suprema de Justicia para que se destrabe el caso de presunto cohecho pasivo (coima) del suspendido juez Miguel Ángel Cárdenas Rojas y el asistente fiscal Roel Ángel Valdez Ramírez.
La máxima instancia judicial no destraba una simple chicana, debido a que Cárdenas truncó su última convocatoria a audiencia preliminar el 1 de agosto de 2016 con la apelación de la providencia de convocatoria del juez de Villarrica, Derlis Duarte.
La Cámara de Apelaciones ya rechazó el planteamiento dilatorio, pero la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia cajonea pese a que la causa está siendo auditada en la Superintendencia de Justicia por la extrema dilación.
Esta causa se inició de hecho con una cadena de inhibiciones de jueces de Coronel Oviedo, Santa Rosa del Aguaray y San Estanislao. Todos alegaron “amistad” con el procesado.
La acusación fue presentada por la fiscala Alcaraz el 20 de diciembre de 2012, o sea hace casi seis años, y está con riesgo de prescripción.
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