Pequeños productores que anhelaban la tenencia denunciaron que el Indert adjudicó certificados de ocupación a personas que jamás fueron vistas en el asentamiento. Exigen una solución.
Los vecinos esperan que la administración actual del Indert pueda revertir la situación, ya que reciben amenazas, por parte de los adjudicados que no son de la comunidad, de ser enviados a la cárcel si no abandonan sus parcelas, según Antonio Martínez, de Codrami.
Martínez señaló que muchos de los campesinos que iniciaron la lucha abandonaron las tierras cansados, tras tres desalojos –uno de ellos violento con varios heridos–, mientras que otros siguieron ocupando sus terrenos, consistentes en un sitio urbano y un terreno para el cultivo.
“No cuestionamos a los que resolvieron vender sus derecheras, que no son asociados nuestros, pero sí aparecieron personas que no se dedican a la agricultura, que no son sujetos de la reforma agraria y que nunca fueron vistas en la comunidad. Los funcionarios a cargo del ex director Justo Cárdenas trajeron a gente de otras localidades y que se dedica a actividades comerciales, incluso un empresario”, dijo.
El dirigente reveló que inicialmente fueron perseguidos por políticos vinculados a la Junta de Minga Guazú, quienes tenían parientes con intenciones de usurpar las tierras por las que estaban luchando y luego venderlas a una empresa de agronegocios.
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