La exministra Cecilia Pérez advirtió que las violaciones a las leyes de transparencia podrían quedar prácticamente impunes ante la falta de claridad sobre qué institución debe fiscalizar y sancionar a organismos públicos que se niegan a entregar información, en medio de la creciente polémica por los datos ocultos en Yacyretá.
La exministra de Justicia alertó sobre la falta de claridad institucional para aplicar sanciones a organismos públicos que incumplen las leyes de transparencia y acceso a la información pública, en medio de la polémica por la negativa de Yacyretá a divulgar datos sobre salarios y contrataciones.
La discusión sobre el acceso a la información pública volvió a instalarse con fuerza luego de las controversias surgidas en torno a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que quedó bajo cuestionamientos por la falta de publicación de datos relacionados a salarios y otros documentos requeridos por ciudadanos y medios de comunicación.
En ese contexto, la exministra de Justicia Cecilia Pérez sostuvo que actualmente existe un escenario de incertidumbre institucional respecto a quién debe controlar y eventualmente sancionar a las instituciones públicas que incumplen las normas de transparencia.
Según explicó a El Nacional, un grupo de abogados y activistas presentó una consulta formal ante la Contraloría General de la República para determinar si dicho organismo tiene facultades para intervenir en casos de incumplimiento de las leyes vinculadas al acceso a la información pública.
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