Más de una decena de gobiernos de la región impulsan la construcción de prisiones de máxima seguridad inspiradas en El Salvador. Sin embargo, especialistas cuestionan sus elevados costos, su eficacia frente al crimen organizado y los riesgos para los derechos humanos.
Unos 15.000 reclusos y capacidad para albergar hasta 40.000 personas, condenas de hasta mil años de prisión, estrictas medidas de seguridad y un régimen de aislamiento extremo. Las imágenes de internos rapados, tatuados y esposados, custodiados por guardias fuertemente armados, se convirtieron en una de las principales postales del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador.
Inaugurado en 2023, el establecimiento se transformó en un símbolo de la política de seguridad del presidente Nayib Bukele y en una referencia para otros gobiernos de América Latina que buscan endurecer su respuesta contra el crimen organizado.
Más de una decena de administraciones de la región propusieron construir megacárceles similares, aunque la mayoría proyecta instalaciones de menor capacidad. Sin embargo, especialistas advierten que replicar esta estrategia no garantiza resultados y puede generar nuevos problemas en los sistemas penitenciarios.
Las megacárceles, en los hechos, no son una novedad en América Latina. El hacinamiento convirtió a numerosos establecimientos penitenciarios en recintos con poblaciones muy superiores a su capacidad original.
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