Pese a que hoy se habilita el registro para personas mayores de 18 años para la vacunación contra el covid-19, igualmente debe ser priorizada la inmunización de las personas con síndrome de Down y otras capacidades diferentes. Juan Carlos Paredes Bordón, presidente de la ASIDOWN, realizó un pronunciamiento al respecto.
Juan Carlos Paredes Bordón, quien preside la Asociación Síndrome Down del Paraguay - ASIDOWN, solicitó a las autoridades nacionales, presidente de la República y ministro de Salud, que inmediatamente se inicie el agendamiento y la vacunación contra el covid-19 para las personas con capacidades diferentes y síndrome de Down en particular.
“PRIMERO, al hacer el plan nacional de vacunación, se ha relegado a las personas con discapacidades, personas con síndrome de Down, entre ellas, a la ETAPA II, después de las personas entre 18 y 59 con comorbilidades, y cuando solicitamos la priorización y el cambio nos dijeron que el plan no podía modificarse, y que según el calendario, nos tocaría a fines de mayo o comienzos de junio para el agendamiento, y luego la vacunación”, relató Paredes Bordón, quien siguió manifestado lo siguiente:
“En segundo lugar, el 4 de junio cambiaron el plan y en lugar de iniciar la ETAPA II extendieron la etapa I, abriendo solo a personas de entre 50 y 59 años, y tercero, al no incluir a las personas con discapacidad entre los grupos prioritarios, el Gobierno y el Ministerio de Salud violan los artículos 46 in fine, y 58 de la Constitución Nacional, así como el Art. 5 y sobe todo el 11 de la Convención de las Naciones Unidas (*) sobre derechos de las Personas con discapacidad, ratificada y vigente en nuestro país, por Ley 3540/2008″, añadió.
(*) Artículo 11 Situaciones de Riesgo y Emergencias Humanitarias: Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales.
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