“Desde agosto del 2018, un grupo de ciudadanos decidimos hacer frente a la corrupción política imperante en el país, de tal suerte a devolver la institucionalidad al Poder Legislativo bastardeado por personas que desde ese cargo han deshonrado el interés ciudadano de vivir en un país con más justicia social, donde impere el estado de derecho”, dice una parte del documento.
Recuerdan que en setiembre del año pasado se presentó la solicitud en contra del legislador liberal por haber incurrido en la causal prevista en el artículo 201 de la Constitución Nacional, el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado.
El dirigente liberal, representante del Alto Paraná, enfrenta un proceso judicial, luego de filtrarse una serie de audios que evidencian la supuesta intromisión política del legislador en casos judiciales tramitados en tribunales de Alto Paraná.
Señalan asimismo que la pérdida de investidura es un verdadero juicio de responsabilidad política que corresponde a cada Cámara del Congreso, que culmina con una sanción jurisdiccional de tipo disciplinario, cuyo objetivo es preservar la dignidad de los congresistas y castigar la vulnerabilidad del régimen disciplinario a ellos impuesto en razón de la función que desempeñan.
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