Con el caso de la niña Maricel (12), cuyo cuerpo fue encontrado en un maizal a finales de junio pasado en el distrito de Pirapó, con señales de haber sido violentada sexualmente, suman cinco casos de abuso contra niñas, adolescentes y mujeres indígenas en lo que va del año. Bernarda Pesoa, dirigente indígena, dice que se necesita urgentemente una respuesta del Estado.
Bernarda Pesoa, una de las dirigentes de la organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri), considera que la violencia se ha generalizado en el país y que en el contexto del confinamiento obligatorio por la pandemia de covid-19 se agravó en las comunidades indígenas. Debido a esto, es necesario seguir denunciando los casos para que no terminen siendo normalizados. Además, dejó sus reflexiones en relación con el informe del Poder Ejecutivo dado a conocer el 1 de julio pasado ante el Congreso Nacional.
–¿Cuál es la posición de su organización ante los hechos de violencia contra niñas y mujeres indígenas que han tomado estado público?
–La violencia se ha generalizado mucho en el país y ahora bajó a los territorios indígenas, por eso es necesario seguir denunciando situaciones que no deben ser naturalizadas. Pedimos apoyo de la prensa para visibilizar el aumento de la violencia contra las niñas indígenas, el abuso sexual y laboral contra las mujeres, todo empeoró con el inicio del confinamiento por covid-19. Muy poco sale en los medios, pronto se olvidan de que estamos ante un genocidio sistemático. Esto es un peligro, somos las productoras de la vida, las cuidadoras de las semillas, merecemos respeto y el derecho a vivir...
–¿Cómo vio el informe de gestión del presidente Mario Abdo Benítez desde el punto de vista de los pueblos indígenas?
Leer la nota completa en Diario ABC
