De 65 grupos políticos que gestionan su habilitación en la Justicia Electoral para competir en las Generales del 2018, un total de casi 35 movimientos políticos son los que están involucrados en los escándalos de firmas falsas presentadas.
"Esto es un delito penal. Sin importar quién haya falsificado las firmas de los proponentes, el que deberá responder ante la justicia es el presidente del movimiento", dijo el asesor del TSJE Luis Alberto Mauro, detallando que la pena es de hasta 3 años de prisión.
Casos. Mauro explicó que desde que habilitaron las consultas online, para identificar firmas falsas en las presentadas para reconocimientos de grupos políticos, se vienen presentando a diario cientas de denuncias que involucran a varios movimientos.
Según las denuncias, en las planillas llegaron a aparecer listas de estudiantes universitarios y hasta de funcionarios de la Municipalidad de San Lorenzo, quienes hoy estarían presentando la denuncia formal.
Algunos de los movimientos involucrados son Podemos de Rocío Casco y otros ex P-mas, La Patria Primero de Fernando Lugo, Nuevo Horizonte de Liliana Rostóm, Reserva Patriótica del general (SR) Ramón Benítez, Compromiso Ciudadano de la diputada Olga Ferreira, Justicia Para todos del ex legislador Luis Villamayor, y Paraguay Despierta del propietario de la librería El Lector Pablo León Burián, entre otros.
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