Definitivamente, hemos de apreciar los diversos tecnicismos jurídicos que rigen dentro de nuestro entorno sistémico y, en tal efecto, se propone un recorrido por el tipo legal denominado “administración en provecho propio”, que se encuentra vinculado a la Ley N° 2523/04 “Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias”.
Es que la normativa en cuestión posee por objeto tipificar y sancionar el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencias, no obstante, se vislumbra su alcance a la administración fraudulenta.
Es por tanto que el ámbito de su aplicación resulta innegable a toda “persona” que cumpla una función pública, o tenga facultades de uso, custodia, administración o explotación de fondos, servicios o bienes públicos, cualquiera sea la denominación del cargo, o su forma de elección, nombramiento o contratación.
Ahora bien, se puede localizar (específicamente) al tipo legal “analizado” dentro del art. 8º de la Ley Nº 2523/04, en el que se precisa al injusto que, dicho con precisión, sanciona el uso irregular de la “gestión pública”, para favorecerse indebidamente a uno mismo o a personas cercanas. En cuanto al sentido de “administración” ocupa diversas esferas ontológicas y, por tanto, una de las posiciones asumidas por la doctrina, en sentido general, radica en la “acción y efecto de administrar”, lo que supone (lógicamente) la inclusión de lineamientos de gobernar, dirigir, gestionar u organizar.
Dicho lo anterior, tenemos que se atiende a la gestión de asuntos públicos; “provecho” que implica un “beneficio o utilidad”; es decir, se está refiriendo a la ganancia o ventaja que se obtiene, mientras que el parámetro “propio” se remite a lo que pertenece de manera “exclusiva” a alguien. Por lo tanto, desde el título del modelo de conducta se puede dimensionar una idea inmediata sobre la “gestión para beneficio personal”.
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