Una clara señal de que el autoritarismo avanza - Editorial - ABC Color

En el 8° aniversario del asesinato del que fue víctima el joven Rodrigo Quintana en la sede del PLRA, asaltada por fuerzas policiales, quince ciudadanos quisieron realizar una representación teatral alusiva en la explanada del Palacio de Justicia y donar un libro al Museo de la Memoria, allí instalado. Sus propósitos fueron impedidos por un grueso cordón policial que les cerró el acceso; hubo forcejos, resultando lesionada una de las personas asistentes. Aunque ninguno de sus subordinados sufrió lesiones, el jefe de la Comisaría 1ª de la Policía Nacional, Gustavo Errecarte, denunció penalmente a siete “sospechosos”, así que el Ministerio Público abrió de inmediato una pesquisa por perturbación de la paz pública, a cargo del agente fiscal Alcides Corvalán. Vaya por delante que las verdaderas víctimas en este deplorable incidente ejercieron su derecho a “manifestarse pacíficamente, sin armas, sin necesidad de permiso”, reconocido por el art. 32 de la Constitución Nacional, que también dice que “la ley podrá reglamentar su ejercicio en lugares de tránsito público, en horarios determinados, preservando derechos de terceros y el orden público establecido en la ley”. Se invocó, en cambio, una acordada de la Corte Suprema de Justicia, según la cual todo acto público dentro del predio del Palacio de Justicia requiere una autorización del Consejo de Superintendencia que defina el área de reunión. Y bien, los ciudadanos agraviados por la intervención policial no pretendían más que escenificar un trágico episodio de nuestra historia reciente y cruzar la explanada para hacer una entrega en una de las dependencias de la “casa de Astrea”. ...[Leer más]