El tratamiento que dieron los legisladores al juicio político de tres miembros de la Corte Suprema, presentado hace más de un año y aprobado en la Cámara Baja, es una muestra de la improvisación y de la manera bochornosa con la que manejan los mecanismos de control entre los poderes del Estado.
Las denuncias y acusaciones contra los ministros del máximo tribunal de la República Sindulfo Blanco, Óscar Bajac y César Garay Zuccolillo, por mal desempeño de funciones, son de una gravedad tal que en cualquier país con instituciones que funcionen con una mínima seriedad hubieran hecho que los acusados, por una cuestión de decoro, hace rato renuncien a su cargo. Obviamente, no lo hicieron ni lo harán.
La herramienta constitucional para dar una respuesta a esta situación está en manos del Congreso, con la aplicación del juicio político. De hecho se inició en diciembre de 2014, con la aprobación de las acusaciones por parte de la Cámara de Diputados. El paso siguiente era que el Senado se constituyera en Tribunal para proceder al juicio y dictar los fallos por la destitución o la absolución de los ministros.
Sin embargo, el proceso está trabado desde hace más de 12 meses debido a los intereses políticos y a la falta de voluntad de los parlamentarios para llenar las vacancias con juristas honestos y capaces y no con sujetos cuya principal virtud sea la fidelidad hacia algunos caciques políticos. Pero, sobre todo, quedó varado por la desvergüenza y caradurez de parlamentarios a quienes no les interesa cumplir con sus deberes ante quienes los votaron para llegar al cargo.
Otro motivo de fondo de este desorden institucional es la evidente falta de liderazgo político, un mal que aqueja no solamente al Congreso sino también al Poder Ejecutivo y a los partidos con representación parlamentaria.
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