Luis Bareiro – @Luisbareiro
El presidente Abdo está obligado a tomar una decisión política con respecto a uno de los mayores curros políticos de las últimas dos décadas: los famosos fondos sociales y medioambientales de Itaipú y Yacyretá. Con los votos inesperados de cuatro diputados cartistas, se desgarró la cicatriz protectora republicana y el Congreso sancionó la ley que obliga a destinar hasta el último dólar obtenido bajo ese concepto a cubrir los gastos médicos de los enfermos graves por Covid. Al cierre de este comentario todavía no se había decidido a promulgar o vetar la ley.
Mientras tanto, intentemos explicar que son estos fondos, de dónde aparecieron y cuál ha sido su función en el relacionamiento obsecuente y servil de nuestros gobiernos con respecto a nuestros socios “paritarios” en las hidroeléctricas.
La génesis la encontramos en Itaipú. En teoría, la hidroeléctrica tiene como única función generar energía eléctrica a partir de la fuerza hidráulica del Paraná, entregándola a sus copropietarios al precio de costo. Itaipú no tiene fines de lucro. En el costo de su energía debe incluir sus gastos operativos, el servicio del pago de su deuda y la compensación por el uso de las aguas (royalties).
Itaipú estima cada año cuánta energía habrá de generar y cuánto le costará hacerlo, estableciendo de esa manera su tarifa. Ocurre, sin embargo, que la hidroeléctrica genera, a menudo, más energía de la que estaba prevista; un excedente que vende a sus mismos propietarios a un precio diferenciado. Es una ganancia no prevista. Lo lógico sería que sumara esa utilidad a los royalties que paga a cada socio condómino.
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