El Tribunal y la Fiscalía de Cuentas juzgan las rendiciones de 60 instituciones públicas, entre las que se encuentran la Corte, la Fiscalía General del Estado, municipalidades y gobernaciones. Todos eludieron a la Contraloría mediante criticadas acciones de inconstitucionalidad que fueron otorgadas por la máxima instancia judicial.
Los fiscales de Cuentas, Jorge Salinas y Maribel Niz Candia, son los que primeramente analizan los documentos presentados por la Corte, la Fiscalía General y las demás reparticiones del Estado. Los agentes del Ministerio Público, una vez concluida la investigación elevan su dictamen al Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, integrado por Rolando Ojeda, Arsenio Coronel y María Celeste Jara, quienes finalmente aprueban o rechazan las rendiciones de cuentas, que luego ya pasan a ser cosa juzgada y de ninguna manera pueden ser revisadas de nuevo por Contraloría.
El fiscal Salinas explicó a ABC que las primeras diligencias consisten en solicitar la ejecución presupuestaria y los documentos que respaldan los ingresos e inversiones de las instituciones, que piden el juzgamiento de sus cuentas. Los papeles son analizados desde el punto de vista contable y legal y posteriormente se elabora un informe preliminar, del cual se le corre vista a la entidad juzgada, para luego preparar un informe final.
El dictamen sobre el uso y la inversión del dinero público luego se eleva al Tribunal de Cuentas. El fiscal puede aconsejar el rechazo o la aprobación del uso de las cuentas.
Salinas aclaró que también remiten pedidos de informes al Ministerio de Hacienda, a la Contraloría (para saber si inició alguna auditoría), a Contrataciones Públicas y a la Fiscalía General, para saber si existe o no una investigación penal respecto a la institución rindente.
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