El Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala, integrado por José Agustín Fernández, Cristóbal Sánchez y José Agustín Fernández, hizo lugar a la recusación planteada por el abogado Andrés Casati en representación de Luz Chamorro contra el juez Penal de Garantías, Miguel Palacios en la causa tapabocas de oro en la que también se […]
El Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala, integrado por José Agustín Fernández, Cristóbal Sánchez y José Agustín Fernández, hizo lugar a la recusación planteada por el abogado Andrés Casati en representación de Luz Chamorro contra el juez Penal de Garantías, Miguel Palacios en la causa tapabocas de oro en la que también se encuentra el exdirector de la Dirección de Aeronáutica Civil (DINAC), Édgar Melgarejo, por lo que ahora otro magistrado deberá realizar la audiencia preliminar.
“Esencialmente estamos ante cuestiones procesales pero que inciden en la marcha regular del proceso. En el caso particular se observa que el Magistrado ha extremado las medidas para que el proceso tenga su regularidad a fin de que se realice la audiencia preliminar, pero ha incurrido en un celo excesivo para lograr ese cometido. En efecto, el abogado defensor con mucha premura requirió las dispensas y se ha creado una innecesaria rispidez de quien debe garantizar la imparcialidad tomando en cuenta todos los principios procesales.
En el caso, en aras de la economía y concentración obvió la contradicción previamente expuesta y ello generó un dispendio innecesario ocasionando lo que era inminente que es la suspensión de la audiencia, cuestión que pudo haberlo resuelto con mucha antelación incurriendo en una notoria incoherencia.
Esto constituye un error que no puede provenir de parte de quien tiene la facultad de arbitrar el proceso. – Para evitar dudas y garantizar la imparcialidad que implica mantener la igualdad de las partes en el proceso e inspirar confianza a los justiciables es procedente hacer lugar a la recusación planteada conforme a lo señalado en el inciso 13) del artículo 50 del código procesal penal”, sostiene la resolución del Tribunal de Alzada.
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