El presidente de la Asociación de Funcionarios de la Contraloría, Édgar Cáceres, renunció al cargo coincidentemente tras hacerse público que el gremio también opera con una financiera “subvencionada” por la Justicia Electoral.
Cáceres, en una nota con fecha de este viernes, presentó renuncia a la asociación, alegando “motivos particulares”. En el documento resalta varios logros durante su titularidad al frente del gremio.
Pero la renuncia de Cáceres coincide con la serie de publicaciones hechas sobre el grupo de funcionarios del área administrativa del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), que utiliza la estructura de la institución para prestar dinero y lucrar mediante una financiera registrada como “Ideas Empresariales SRL”, que tiene entre sus accionistas a los mencionados funcionarios.
Como accionistas de la entidad financiera aparecen Narciso Ramírez, Cynthia Carolina Álvarez, de la Dirección de Administración-Rendición de Cuentas del TSJE, y Rafael Basilio Benítez Acuña, exmarido de Carmen Escobar, codirectora del Registro Civil. Los préstamos son dados a los funcionarios del TSJE, que previamente debían estar asociados al Círculo de Funcionarios Administrativos de la Justicia Electoral (Cifunaje), a una tasa de interés del 15% por millón.
Este sistema de préstamos funciona de forma saludable, pues mientras el TSJE paga salarios a sus funcionarios de la claque administrativa, éstos aprovechan el tiempo también para gestionar los préstamos a sus agremiados del Círculo, cuya oficina está en la sede de la Justicia Electoral, mantenida con dinero público.
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