La Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (Apoja) lamentó que la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) haya pisoteado la Constitución Nacional al violar la autonomía de los municipios para “regularizar” tragamonedas en sitios prohibidos. Ahora, la firma contratada acudió a la justicia para continuar con el negocio, cuya expectativa de recaudación ronda los US$ 2,1 millones.
Tragamonedas: lamentan inacción del Gobierno ante violación de la Constitución
Lorena Rojas, presidenta de la Asociación Paraguaya de Operadores de Juegos de Azar (Apoja), lamentó la inacción del Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez, cuyas autoridades designadas por él en la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) violaron disposiciones establecidas en la Constitución Nacional (CN) al atropellar la autonomía municipal para “regularizar” en sitios prohibidos, que son las despensas, hamburgueserías, bares, bodegas y otros comercios cuya actividad principal es diferente a juegos de azar.
Ese atropello señalado por Rojas se dio a través de la Resolución N° 34/2020 de Conajzar, con la cual se creó una “nueva modalidad” para censar, catastrar y explotar tragamonedas en sitios de libre concurrencia. Para concretar estas gestiones, contrató a la empresa iCrop SA, cuyas accionistas son una ciudadana taiwanesa de nombre Lucy Sy y la compatriota Lilian Beatriz Vera de Qiu, mientras que el representante legal es Humberto Acuña.
“Lamentable. Debería anularse este contrato por ser nulo, se quebrantó la Constitución Nacional, al sacarle la autonomía a los municipios, y resoluciones anteriores de la comisión. Se utilizó un artilugio de modalidad nueva para darle fondo a este contrato, y no es así, hace décadas que existe y ya está contemplado en la Ley N° 1016 de 1997″, manifestó.
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