El juez Humberto Otazú otorgó medidas alternativas a la prisión a la intendenta de Quyquyhó, Patricia Adriana Corvalán Gabriaguez, esposa del diputado colorado Esteban Samaniego. Igualmente obtuvieron medidas un excustodio, la madre del legislador y otros colaboradores, en la causa abierta por la supuesta “tragada” de G. 338.595.000, entre 2011 y 2017, de los fondos de la Municipalidad de esa ciudad.
El juez penal de garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú estableció medidas alternativas a la prisión para los procesados en la causa caratulada “ y otros s/enriquecimiento ilícito Ley Nº 2523/2004 5500 jornales (Delitos Económicos)”, por la supuesta tragada de G. 338.595.400 de los fondos de la Municipalidad de Quyquyhó, distrito de Paraguarí, entre los años 2011 y 2017.
Como medidas de vigilancia señaló la obligación de presentarse del 1 al 5 de cada mes al Juzgado de Delitos Económicos a fin de firmar el libro de comparecencia; la prohibición de cambiar de número de celular que proveyó al juzgado, así como la prohibición de salir del país y presentarse al juzgado a todas las citaciones. Todo ello bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento, las mismas serán revocadas.
Los afectados por dichas medidas son: la intendenta de Quyquyhó, Patricia Adriana Corvalán Gabriaguez, esposa del diputado Esteban Martín Samaniego Álvarez; Christian Daniel Domínguez Aponte, custodio del parlamentario; Blanca Gloria Álvarez Vda. de Samaniego, madre del legislador, y Damián de Jesús Galarza Dardano, cuñado del diputado.
Igualmente están dirigidas a Guido Ramón Vargas Gaete, concejal municipal de Quyquyhó; Enrique Javier Lovera Lezcano, jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la comuna; Andrés Isabelino Fulgencio Arrúa Rodríguez; Andrés Alfredo Arrúa Brítez; y Manuel Olazar Duarte.
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