En la lista de necesidades apuntadas en el presupuesto de la UNA figura el impacto sufrido por el tope arancelario, desde agosto de 2016. Dejó de percibir igual monto que precisa por crecimiento vegetativo.
La vigencia de la Ley 5633/16, que regula los aranceles en concepto de legalizaciones, visaciones, expedición de certificados de estudios y diplomas en las universidades públicas, ocasionó un desangre a las diferentes facultades de la UNA. Es así que uno de los tópicos de las necesidades económicas que afronta la universidad constituye el impacto de la reducción arancelaria, la cual totaliza G. 46.400.610.947 (ver info). "Yo le dije al proponente de esa ley, el diputado Dionisio Amarilla, que se debe prever la contrapartida", apunta Abel Bernal, rector de la UNA, quien defendió –el...
Si bien –por citar– retirar un diploma de grado pasó de costar G. 600.000 a G. 76.000, resulta holgado para el bolsillo del estudiante, el cobro de los aranceles era un "buen complemento" a la fuente de financiamiento del Estado.
"Muchos de los rubros de la Fuente 10 se van acabando; por ejemplo, rubros de contrataciones: seguridad, servicios de limpieza y compra de insumos para las prácticas laboratoriales", enumera algunos de los gastos operativos.
En vez de sumar, les empuja este contexto –dice– a reducir a por lo menos la mitad los proyectos académicos, sean de aulas como de extensión.
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