El juez penal de Garantías, Humberto René Otazu, suspendió la audiencia de imposición de medidas del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y otras personas imputadas por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en el marco de la segunda causa contra el jefe comunal. Esto ante dos recursos […]
El juez penal de Garantías, Humberto René Otazu, suspendió la audiencia de imposición de medidas del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y otras personas imputadas por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en el marco de la segunda causa contra el jefe comunal. Esto ante dos recursos que están pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En esta causa, la Fiscalía atribuye a los procesados haber formado parte de un esquema encabezado por Prieto, que desviaba recursos municipales a través de licitaciones públicas direccionadas a empresas afines o funcionales a su persona, causando un perjuicio patrimonial al municipio esteño.
El perjuicio ocasionado sería de G. 306.188.500, pago realizado a la empresa proveedora por supuestas mercaderías inexistentes, según el Ministerio Público.
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