Las modificaciones establecen, además, que las personas podrán manifestar su oposición a la ablación de órganos ante un escribano público, el Instituto de Ablación y Trasplante (INAT), la Dirección de Identificaciones u otras instituciones habilitadas para el efecto. Otro de los puntos señala que los profesionales de salud podrán ser sancionados con pena privativa de libertad de seis meses a tres años, en caso de que realicen el procedimiento sin previa comprobación ante el registro de oposición.
El anuncio se realizó en el marco del Día Nacional del Trasplante, celebrado cada 9 de julio. La Ley Anita había sido promulgada por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en setiembre del año pasado.
El proyecto está ahora a consideración de la Presidencia de la República, atendiendo a que Abdo Benítez debe firmar el decreto para que entre en vigencia la reglamentación.
Esta normativa, que tuvo un rápido trámite en el Congreso, determina la inscripción automática de los mayores de 18 años como donantes de órganos, salvo expresa constancia de su negativa.
El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, anunció a la vez la firma de un protocolo de muerte cerebral que establece las condiciones específicas del proceso.
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