La definición del modelo comercial que regirá después de la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú en 2023, año en que caduca el plazo de medio siglo que impone el documento bilateral para que los gobiernos de nuestro país y del Brasil revisen sus disposiciones, “es fundamental para Brasil”, sostenía ya en 2017 el entonces director general brasileño de la entidad binacional, Ing. Luiz Fernando Vianna, en una entrevista con “Valor Económico” del vecino país.
¿Qué estrategia formula el Gobierno paraguayo de turno para ese futuro de la binacional cada vez más inminente?
De las manifestaciones públicas de sus voceros –expresas e impresas– se desprende una interpretación, casi irrebatible: especular con el Costo de Servicio de Electricidad (tarifa) de la entidad binacional, a pesar de las acentuadas modificaciones que aún experimentará, con la intención de asegurarse ciertos ingresos, indispensables desde la perspectiva de la crisis que planea amenazante sobre la economía del país debido a factores externos pero también internos, pero extraños a la producción y comercialización de su energía.
Hasta hoy, 20 de marzo de 2022, el Gobierno paraguayo sigue aferrado a una posición: congelar la actual tarifa de Itaipú en su actual nivel, del que, dicho sea de paso, no desciende hace más de una década, y distribuirse con Brasil, en partes iguales, el ingreso que resultase de esa maniobra.
Un ingreso adicional o artificial, porque tanto el peso de las cargas como el de la amortización de los aún componentes de mayor peso de la canasta de costos de Itaipú deben contraerse a medida que se acortan los plazos de devolución, una operación lógica en toda actividad financiera, por más simple que fuere; aunque cuando se trata del renglón financiero de la entidad binacional “hasta lo cierto se hace dudoso”, razón por la cual los ecos del reclamo de una auditoría integral, sin desbordes parcialistas, de todo lo “invertido” y gastado en la Obra del Siglo XX no se extinguirán aún con la...
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