La tragedia que afectó a dos militares que fueron arrastrados por el raudal hasta el arroyo Lambaré el jueves último, no es resultado únicamente de la desidia de las autoridades municipales. La justicia también tiene parte de culpa, por su incapacidad de sancionar a los responsables de la malversación de recursos municipales.
Que la ciudad de es un verdadero desastre donde sea que uno se vaya no es novedad para nadie. La desgraciada situación que vivieron dos militares tras el temporal del jueves último no es única, pues existen víctimas fatales y otras que de milagro han sobrevivido en situaciones similares.
En contrapartida, los procesos abiertos a las autoridades locales por obras sobrefacturadas, desvío de fondos y hasta caja paralela instalada para el desvío de los recursos de los contribuyentes no han tenido un final siquiera, ni que decir una condena firme.
Esta situación constituye un verdadero aliciente para la corrupción, pues a sabiendas de la inoperancia del sistema judicial, las autoridades no se ocupan de cumplir con sus obligaciones y tampoco temen las consecuencias de algún eventual ilícito, pues la impunidad es prácticamente segura.
El proceso abierto al exintendente colorado Juan Ramón Martínez Coronel (ya fallecido) y otros funcionarios por irregularidades detectadas durante los años 2002 y 2006 prescribió gracias a la parsimonia de los operadores de justicia ante las chicanas de la defensa.
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