La Constitución atribuye en forma privativa al Congreso “aprobar o rechazar la contratación de empréstitos” (bonos soberanos, por ejemplo). El Presupuesto General de la Nación 2016 fue aprobado por Ley 5.554/16. En las disposiciones especiales de esta ley, el Capítulo VII, Sección I, artículos 73 y 75, el Congreso autoriza al Poder Ejecutivo a emitir bonos en el mercado internacional por alrededor de 700 millones de dólares. Por
El artículo 43, parte final, de la Ley 1535/99, establece que los “contratos de empréstito serán válidos y exigibles solo en caso de ser aprobados por ley del Congreso”. ¿Constituye la reconducción tácita del Presupuesto 2016 durante ejercicio 2017 aprobación legislativa válida para contratar un empréstito en los términos del artículo 202 numeral 10 de la Constitución?
La reconducción tácita del Presupuesto del año anterior no es aprobación legislativa válida para la emisión de bonos soberanos. En el sistema constitucional, la atribución del Congreso de sancionar anualmente el Presupuesto General de la Nación es independiente a la atribución de aprobar o rechazar la contratación de empréstitos. El expediente de la reconducción tácita del Presupuesto del año anterior ante la objeción total del Poder Ejecutivo del Presupuesto sancionado por el Congreso, tiene por finalidad garantizar la continuidad de las funciones y servicios esenciales del Estado. No...
El derecho financiero, además de considerar el expediente de la reconducción tácita del Presupuesto, deplorable por debilitar las facultades parlamentarias, determina que el mismo “no alcanza a los créditos sancionados por una sola vez, cuya finalidad hubiera sido satisfecha” (Fonrouge).
El poder de veto es la atribución mediante la cual el Poder Ejecutivo rechaza la promulgación de un proyecto de ley, impidiendo su vigencia. La esencia del veto es la de impedir la entrada en vigencia de un instrumento legislativo, no aprobar un asunto de competencia de otro poder del Estado, en este caso el Legislativo, en forma indirecta. La emisión de deuda soberana sobre la base de un decreto de veto genera deuda inconstitucional, inválida y espuria.
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