<p>Este lunes 16 de marzo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alberto Martinez Simon; el vicepresidente primero, doctor Luis Maria Benitez Riera; y los ministros doctores Manuel Ramirez Candia y Carolina Llanes Ocampos recibieron, en una mesa de trabajo, al viceministro de Justicia, abogado Rafael Caballero, y al director general del Registro del Estado Civil, Maximiliano Ayala, con quienes analizaron los avances del sistema de inscripcion electronica de sentencias judiciales, que desde su implementacion en julio de 2025 ya permitio registrar mas de 4.400 resoluciones en todo el pais.</p>
DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES ENTRE EL PODER JUDICIAL Y EL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Este lunes 16 de marzo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alberto Martínez Simón; el vicepresidente primero, doctor Luis María Benítez Riera; y los ministros doctores Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes Ocampos recibieron, en una mesa de trabajo, al viceministro de Justicia, abogado Rafael Caballero, y al director general del Registro del Estado Civil, Maximiliano Ayala, con quienes analizaron los avances del sistema de inscripción electrónica de sentencias judiciales, que desde su...
Durante el encuentro se presentaron datos e informes sobre la implementación del sistema de inscripción de sentencias judiciales mediante oficio electrónico en todo el país. La herramienta, puesta en funcionamiento en julio de 2025, permitió registrar más de 4.400 resoluciones a través de esta modalidad.
La plataforma digital fue desarrollada de manera conjunta entre la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia y el Registro del Estado Civil, con el objetivo de modernizar los procedimientos administrativos vinculados a la inscripción de resoluciones judiciales.
En ese contexto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alberto Martínez Simón, dirigió palabras de bienvenida y destacó que la implementación de esta herramienta tecnológica contribuye a fortalecer la transparencia de los procesos, eliminar intermediaciones innecesarias y reducir costos para los usuarios del sistema de justicia.
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