El pasado martes, el MOPC intimó a la empresa constructora portuguesa Mota Engil a pagar al Estado la suma de G. 40.390.079.106 en un plazo de 24 horas, en concepto de garantía de fiel cumplimiento del contrato para la construcción de los tramos 2 y 3 del fallido proyecto metrobús, de 11 km de extensión, de los que la contratista apenas completó 800 metros en el plazo previsto. Como se esperaba, el catastrófico contrato con Mota Engil resultó un fiasco, con el resultado de un adefesio vial implantado en el tramo intervenido. La gran ironía es que tanto la rescisión del contrato como la ejecución de la póliza de garantía de fiel cumplimiento y otras acciones institucionales del MOPC para finiquitar su contrato con Mota Engil constituyen apenas la punta del iceberg que se esconde bajo el mar de corrupción que desde un comienzo contaminó el fatídico proyecto financiado con un préstamo del BID. Pero el finiquito del contrato deviene accesorio, ya que lo realmente importante y necesario es que las instancias jurisdiccionales pertinentes se aboquen a identificar y castigar a los funcionarios que resulten culpables de los ilícitos constatados.
El martes 25 de febrero último, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) intimó a la empresa constructora portuguesa Mota Engil a pagar al Estado la suma de G. 40.390.079.106 en un plazo de 24 horas, en concepto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato para la construcción de los tramos 2 y 3 del fallido proyecto metrobús, de 11 kilómetros de extensión, de los que la contratista apenas completó 800 metros en el plazo previsto.
Por donde se lo mire, el contexto del costoso y fraudulento proyecto metrobús, elaborado en el año 2009 bajo la presidencia de Fernando Lugo, siendo titular del MOPC Efraín Alegre, con base en uno concebido por la Municipalidad de Asunción en 1998, ha estado repleto de irregularidades técnicas, incluida la falta de un estudio previo de factibilidad, racionalmente procesado. Como no podía ser de otro modo, desde el comienzo de su ejecución, el mismo estuvo también plagado de negligencia y presunta corrupción, tanto por parte de la empresa constructora como de la firma consultora contratada...
Como era previsible, el catastrófico contrato con Mota Engil resultó un fiasco, con el resultado de un adefesio vial implantado en el tramo intervenido, que hoy afecta la seguridad del tránsito, a más de un enorme perjuicio para el Estado y para los más de 300 comerciantes que se vieron obligados a cerrar sus negocios, con la consecuente pérdida de unos 2.000 puestos de trabajo. Y lo peor de todo: la infame estafa intelectual a la ciudadanía esperanzada en un mejor sistema de transporte urbano de pasajeros.
En cuanto a los perjuicios al fisco, cabe señalar que hasta la fecha el MOPC ha desembolsado más de US$ 50 millones, en concepto de pago a Mota Engil, fiscalización, estudios y consultorías de dudosa necesidad y escasa eficiencia, así como de remuneración a los funcionarios del MOPC que gerenciaron el mal parido proyecto.
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